La nueva ley de custodia compartida planea igualdad económica para el padre y la madre Los afectados exigen que la norma incluya la liquidación judicial de gananciales
En un divorcio, la imagen habitual es ver al padre cogiendo las maletas y yéndose de casa. La legislación actual reparte la patria potestad entre los dos progenitores pero el custodio propio -en el 98% de los casos, la madre- es el que se queda con la casa, el piso, los bienes y, sobre todo, los hijos. El padre que hace las maletas se ve obligado a pagar la hipoteca de su antiguo domicilio sin poder disfrutarlo, comprarse un coche, pagar la pensión alimenticia a sus hijos, buscarse un piso para vivir, amueblarlo si puede y con lo que le sobra, si es que es así, comer él. La futura ley de custodia compartida que ya prepara el Consell pretende acabar con esta discriminación de sexos. El varón, en este caso, suele ser el perjudicado. Por eso uno de los pilares fundamentales de la futura norma es que las dos partes del matrimonio parta en igualdad de condiciones a la hora de iniciar el proceso de divorcio. La Comunitat Valenciana, junto con Cataluña, es la autonomía pionera en poner en marcha una ley de este tipo para corregir, en parte, la excesiva rigidez del Código Civil. Plataformas como Custodia Compartida Ya o la Asociación de Mujeres por la Igualdad y la Custodia Compartida creen vital que las cuestiones económica se separen claramente de los hijos en los procesos de divorcio. Una forma de acabar con los lamentables chantajes, que son muy habituales en las separaciones matrimoniales. Una de las propuestas de la ley en la que se está trabajando es que el mediador que se establezca para el matrimonio negocie el mejore futuro para los dos progenitores. La idea es que por ley se pueda llegar a un acuerdo sobre el reparto de la casa -si se vende o se la queda una de las partes del matrimonio-, sobre el coche y los bienes. De esta manera, si la mujer decide quedarse con el hogar familiar, podría compensar económicamente a su marido para que este pudiera adquirir otra vivienda. En la actualidad, el panorama es totalmente distinto. "Se están viviendo situaciones tremendas en la que los padres no pueden comprar ni una casa. Muchos duermen en el coche o comparten pisos 'patera' para poder tener un nuevo hogar. Por eso creemos que la inclusión en la ley de un mediador es básico para evitar este tipo de situaciones", señalaron ayer desde Mujeres por la Igualdad y Custodia Compartida. De la misma opinión es David Ferrer, presidente de Custodia Compartida Ya, que apuesta por la liquidación judicial de gananciales. "Es algo que debe estar al margen del régimen de visitas pero que garantizaría que muchos padres no se tuvieran que ir a vivir a un camping". Además, Ferrer pide, como pasa en Euskadi, ayudas del Consell para que los padres separados con escasos recursos puedan acceder con mayor facilidad a viviendas de protección oficial. Los expertos consideran que la ley debería incluir también una artículo que exigiera a los progenitores realizar un plan de responsabilidad parental. Una especie de declaración firme para comprometerse a mantener la educación de los hijos y para garantizar su subsistencia. Además, también habría que incluir la obligación de que los padres no utilizarán malas prácticas como el chantaje con los hijos para presionar a la otra parte del matrimonio. Sobre 15.000 divorcios La futura ley de custodia compartida pretende también romper con los regímenes severos de visita, en los que, habitualmente, el padre sólo puede ver a sus hijo un fin de semana alterno y la mitad de las vacaciones escolares. La idea es que los dos progenitores puedan compartir casi a partes iguales el desarrollo y educación de sus vástagos. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías de España en la que más divorcios se producen. De hecho, cada año se separan en territorio valenciano cerca de 15.000 parejas. En los primeros nueve meses de 2008 -los últimos datos estadísticos disponibles- se contabilizaron 11.974 separaciones y divorcios. La Comunitat sólo fue superada por Andalucía, Cataluña y Madrid.
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