NWS-0901-Asociaciones-FSerrano-Familia-Espana-defensa.html

38 Asociaciones de toda España salen en defensa del juez de Familia F.Serrano

Un total de 38 asociaciones de toda España han suscrito un comunicado en defensa del juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, quien ha afirmado que si se endurece la Ley de Violencia de Género se producirá "un holocausto".

Según el juez, con el endurecimiento de esa ley aumentarán los suicidios de hombres y los homicidios de mujeres, abogados e incluso jueces y fiscales.

Serrano, a título individual, rechazó el borrador de informe para el estudio del funcionamiento de dicha ley elaborado por el PSOE, que prevé reforzar la seguridad de las mujeres que denuncien.

El juez sevillano, que en ocasiones anteriores ha comparado dicha ley con la base de detención de Guantánamo por la falta de garantías jurídicas, añadió la semana pasada su opinión de que la propuesta de reforma "producirá situaciones de injusticia y eso puede llevar a las peores condiciones de violencia".

Según el comunicado conjunto de las 38 asociaciones, todas son contrarias al maltrato y son conscientes de la "lesividad que puede entrañar para niños, el sometimiento a un contacto y relación perniciosa con un maltratador", pero matizan que "lo mismo habría que predicar respecto de una maltratadora, concepto, que por lo visto, no se encuentra en la mente del Legislador".

El comunicado denuncia, al igual que hizo el juez, "la actual conceptuación de maltrato, hombre maltratador y mujer maltratada, que engloba y generaliza por condición de género y no por el alcance y antijuridicidad del hecho denunciado".

"La pena añadida de perder a los hijos, tanto padres como abuelos y resto de familia extensa paterna, supone un claro ataque a los derechos de la infancia" y supondría "un maltrato infantil propiciado institucionalmente por el propio legislador que ha de velar por las garantías y derechos constitucionales."

Según estas asociaciones, la reforma propuesta por el PSOE "es una nueva vuelta de tuerca en un despropósito legislativo que aplicaría a los maltratadores el llamado derecho penal del enemigo, acuñado por el jurista alemán Günter Jakobs y considerado por la mayoría de los penalistas como una aberración jurídica".

Este principio "parte de la base de que en la sociedad hay 'personas', a las que se aplica la legislación penal general, y 'enemigos o no personas', cuya peligrosidad está en su propia existencia, aun antes de que cometan un delito", y añade que "ni los terroristas de ETA más peligrosos y sanguinarios han tenido ese tratamiento."

Que "se aprueben o reformen proyectos de leyes penales en base a las reivindicaciones minoritarias de grupos de presión que representan y se autoproclaman como los nuevos gestores de la moral colectiva" producirá "daño a familias, mujeres, hombres y niños" y una situación de "beligerancia y visceralidad de consecuencias predecibles", como a su juicio ha predicho el juez Serrano.

Entre las 38 entidades figuran la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres Separados, la Asociación de Padres y Madres Separados Custodia Compartida YA!, la Plataforma Feminista por la Custodia Compartida, la Asociación de Madres y Padres por la Coparentalidad y la Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos.

dilluns, 2 de novembre del 2009

La crisis dispara en un 20% la revisión de las pensiones alimenticias de los divorciados

http://www.lne.es/asturias/2009/11/01/asturias-crisis-dispara-revision-pensiones-alimenticias-divorciados/828452.html

Los efectos de la recesión

Los cónyuges piden una rebaja de la aportación a los hijos porque se han quedado en paro Los divorcios caen un 10% por su coste económico

Oviedo, Luján PALACIOS

La crisis económica no sólo ha hecho que las familias se aprieten el cinturón y reco

rten gastos. El aumento del paro y el descenso de ingresos en asalariados o trabajadores por cuenta propia ha hecho que en Asturias se disparen en un 20 por ciento las peticiones para modificar las compensaciones económicas establecidas en procesos de divorcios o separaciones, según datos de la Asociación Española de Derecho Matrimonial. Paralelamente, también se ha registrado un descenso en el número de divorcios. El año pasado el descenso rondó el diez por ciento. Esta disminución en el número de parejas que se deciden a dar por extinta su relación puede deberse, según esta entidad, a los costes del proceso judicial.

Las pensiones alimenticias se han convertido para muchos, especialmente hombres, en una pesada carga cada vez más difícil de llevar en esta crisis. Por eso, cada vez son más los que deciden pedir al juez que revise a la baja los pactos o sentencias judiciales, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales estipulados.

El abogado de familia Antonio Díaz Solís, el ovetense que preside la Asociación Española de Derecho Matrimonial, que aglutina a unos 78 abogados especialistas, pone de relieve cómo las circunstancias económicas están modificando los patrones de comportamiento de las parejas divorciadas. El papel más difícil le toca al cónyuge (en su mayoría, el padre) que cede la vivienda conyugal para los hijos y su ex pareja al cargo de los mismos. A ello se suma la pensión alimenticia correspondiente «y en la mayoría de los casos, el pago de la mitad de la hipoteca y la búsqueda de un nuevo domicilio para vivir».

En este sentido, otro de los fenómenos recientes que ha percibido la asociación de Derecho Matrimonial es que los progenitores divorciados que ceden la vivienda en común a los hijos tienen, a su vez, que volver a vivir con sus padres. Son, en este caso, los abuelos quienes dan cobijo al divorciado en crisis económica. «Es algo cada vez más frecuente, cuando el trabajo y los recursos económicos escasean, lo más operativo, cuando además se está pasando una pensión alimenticia a los hijos, es volver a casa de los padres», sostiene Díaz Solís.

De forma complementaria, cada vez más padres solicitan rebajar sus aportaciones económicas. Según los datos que maneja la Asociación de Derecho Matrimonial, las modificaciones en las medidas se están produciendo en muchos casos en profesionales autónomos, uno de los sectores más afectados por la crisis, que han visto reducidos de manera notable sus ingresos en los últimos tiempos y se enfrentan a enormes dificultades para cumplir sus compromisos.

La ley permite introducir cambios en los convenios de divorcio o separación si se producen rebajas sustanciales en los niveles de renta, y por ello, las parejas divorciadas están volviendo al juzgado a cambiar sus acuerdos de pensiones alimenticias de hijos o gastos extraordinarios. Incluso se da el caso de parejas que, habiendo alcanzado en un principio acuerdos mutuos de separación, ahora se ven inmersos en procesos contenciosos para solventar la cuestión económica.

Paralelamente, según las cifras de la asociación, también han aumentado de forma significativa las solicitudes de ejecuciones, incluso con embargos de por medio, por parte de parejas que no reciben las pensiones alimenticias para los niños. Díaz Solís apunta incluso casos como una reciente sentencia en Gijón por la que se concedió una custodia compartida de un menor en la que se decidió que los cónyuges se fueran rotando para compartir la casa seis meses cada uno. Una decisión salomónica en la que también juega un importante papel la coyuntura de estrechez económica para los padres.

Frente al incremento espectacular en el número de divorcios y la gran caída de las separaciones registrada en los últimos años, desde la implantación del denominado «divorcio exprés», las parejas que rompen han echado ligeramente el freno. La cifra de divorcios se mantiene en Asturias, salvo por la caída del año pasado, en una media de 3.800 rupturas al año.