Una mujer maltratada, en un centro de acogida
IGNACIO GIL/ ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
VALENCIA
IGNACIO GIL/ ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
VALENCIA
Arturo y Clementina se estaban separando. Él pidió la custodia compartida de la hija; ella contraatacó. Acudió a la Guardia Civil y le denunció por malos tratos. Relató que su marido le había dicho que «era una irresponsable, una mala madre y que la pondría en su sitio». Aquello bastó para que un juzgado de Sueca abriera diligencias por amenazas e injurias. La esposa logró que su divorció lo llevara un juez de Violencia sobre la Mujer; el hombre perdió en ese momento toda posibilidad de obtener la custodia de la cría. Un año después, se celebró un juicio de faltas sólo por las injurias. El acusado fue absuelto. La supuesta injuriada ni siquiera acudió a declarar. Para ese entonces ya había conseguido lo que quería: la custodia en exclusiva de la niña pese a que existían informes periciales que no desaconsejaban lo contrario. El abogado de Arturo cree que éste fue un caso clarísimo de denuncia falsa, de mujer que se aprovecha de la severidad de la ley contra el maltrato, para lograr una posición de ventaja en el proceso de separación. La Justicia no lo entendió así. Como casi nunca.
En 2008 los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron casi 20.200 asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer. Ese mismo año, la Fiscalía detectó sólo tres casos de denuncia falsa por maltrato: uno en Alicante y dos en Castellón. En todos ellos el Ministerio Público retiró la acusación contra el hombre y solicitó al tribunal que dedujera testimonio -procedimiento equivalente a presentar una denuncia- contra la falsa maltratada para que fuera acusada de un delito de denuncia falsa penado hasta con dos años de cárcel.
En Valencia sólo se ha abierto diligencias contra tres mujeres por inventarse la agresión física o verbal de su pareja en los cuatro años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia sobre la Mujer. Para Susana Gisbert, fiscal especializada en la materia, estos datos confirman que lo de las denuncias falsas es una «leyenda urbana»; como lo es también, dice, el argumento de que las mujeres se aprovechan de esta ley para obtener ventajas en el proceso de separación. «Es un argumento que utilizan de forma recurrente las defensas para intentar anular el testimonio de la víctima». En procesos de divorcio, los abogados aconsejan a sus clientes varones el abandono del domicilio familiar; que eviten el contacto con su esposa, porque una denuncia, además de la detención automática, les coloca en desventaja para luchar por los hijos. No es lo mismo litigar en igualdad que ir al juzgado detenido. Y hablar de niños es hacerlo de la pensión o de quién se queda con la casa.
El 80 por ciento, condenados
Dice el Consejo General del Poder Judicial que cerca del 80% de los casos que llegan a juicio terminan con la condena de los maltratadores; y aclara Gisbert, que las absoluciones (el 20 por ciento restante) o los sobreseimientos (casos que se archivan antes de juzgarse) «no han de confundirse con denuncias falsas». A veces, el maltrato existió pero fue imposible probarlo porque no existe parte de lesiones o porque la víctima se acoge a su derecho a no declarar. Para que exista denuncia falsa, explica, es necesario que la mujer actúe «con un desprecio manifiesto hacia la verdad y teniendo conocimiento de la falsedad» de su relato.
Jueces, abogados y fiscales se enfrenta a menudo a ejemplos de «utilización torticera» de la ley; se aprecia especialmente en los juzgados de guardia; aseguran que casi a diario llegan cuatro o cinco casos bajo el epígrafe de violencia de género porque se «exageran» determinadas situaciones domésticas -un grito, un insulto, un forcejeo-propias de momentos de tensión; eso termina en la detención del hombre. El porcentaje de mujeres que perdonan o se retractan de inmediato tras activar toda la maquinaria judicial puede alcanzar el 60%.
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