Los efectos de la recesión
Los cónyuges piden una rebaja de la aportación a los hijos porque se han quedado en paro Los divorcios caen un 10% por su coste económico
Oviedo, Luján PALACIOS
La crisis económica no sólo ha hecho que las familias se aprieten el cinturón y reco
rten gastos. El aumento del paro y el descenso de ingresos en asalariados o trabajadores por cuenta propia ha hecho que en Asturias se disparen en un 20 por ciento las peticiones para modificar las compensaciones económicas establecidas en procesos de divorcios o separaciones, según datos de la Asociación Española de Derecho Matrimonial. Paralelamente, también se ha registrado un descenso en el número de divorcios. El año pasado el descenso rondó el diez por ciento. Esta disminución en el número de parejas que se deciden a dar por extinta su relación puede deberse, según esta entidad, a los costes del proceso judicial.
Las pensiones alimenticias se han convertido para muchos, especialmente hombres, en una pesada carga cada vez más difícil de llevar en esta crisis. Por eso, cada vez son más los que deciden pedir al juez que revise a la baja los pactos o sentencias judiciales, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales estipulados.
El abogado de familia Antonio Díaz Solís, el ovetense que preside la Asociación Española de Derecho Matrimonial, que aglutina a unos 78 abogados especialistas, pone de relieve cómo las circunstancias económicas están modificando los patrones de comportamiento de las parejas divorciadas. El papel más difícil le toca al cónyuge (en su mayoría, el padre) que cede la vivienda conyugal para los hijos y su ex pareja al cargo de los mismos. A ello se suma la pensión alimenticia correspondiente «y en la mayoría de los casos, el pago de la mitad de la hipoteca y la búsqueda de un nuevo domicilio para vivir».
En este sentido, otro de los fenómenos recientes que ha percibido la asociación de Derecho Matrimonial es que los progenitores divorciados que ceden la vivienda en común a los hijos tienen, a su vez, que volver a vivir con sus padres. Son, en este caso, los abuelos quienes dan cobijo al divorciado en crisis económica. «Es algo cada vez más frecuente, cuando el trabajo y los recursos económicos escasean, lo más operativo, cuando además se está pasando una pensión alimenticia a los hijos, es volver a casa de los padres», sostiene Díaz Solís.
De forma complementaria, cada vez más padres solicitan rebajar sus aportaciones económicas. Según los datos que maneja la Asociación de Derecho Matrimonial, las modificaciones en las medidas se están produciendo en muchos casos en profesionales autónomos, uno de los sectores más afectados por la crisis, que han visto reducidos de manera notable sus ingresos en los últimos tiempos y se enfrentan a enormes dificultades para cumplir sus compromisos.
La ley permite introducir cambios en los convenios de divorcio o separación si se producen rebajas sustanciales en los niveles de renta, y por ello, las parejas divorciadas están volviendo al juzgado a cambiar sus acuerdos de pensiones alimenticias de hijos o gastos extraordinarios. Incluso se da el caso de parejas que, habiendo alcanzado en un principio acuerdos mutuos de separación, ahora se ven inmersos en procesos contenciosos para solventar la cuestión económica.
Paralelamente, según las cifras de la asociación, también han aumentado de forma significativa las solicitudes de ejecuciones, incluso con embargos de por medio, por parte de parejas que no reciben las pensiones alimenticias para los niños. Díaz Solís apunta incluso casos como una reciente sentencia en Gijón por la que se concedió una custodia compartida de un menor en la que se decidió que los cónyuges se fueran rotando para compartir la casa seis meses cada uno. Una decisión salomónica en la que también juega un importante papel la coyuntura de estrechez económica para los padres.
Frente al incremento espectacular en el número de divorcios y la gran caída de las separaciones registrada en los últimos años, desde la implantación del denominado «divorcio exprés», las parejas que rompen han echado ligeramente el freno. La cifra de divorcios se mantiene en Asturias, salvo por la caída del año pasado, en una media de 3.800 rupturas al año.
rten gastos. El aumento del paro y el descenso de ingresos en asalariados o trabajadores por cuenta propia ha hecho que en Asturias se disparen en un 20 por ciento las peticiones para modificar las compensaciones económicas establecidas en procesos de divorcios o separaciones, según datos de la Asociación Española de Derecho Matrimonial. Paralelamente, también se ha registrado un descenso en el número de divorcios. El año pasado el descenso rondó el diez por ciento. Esta disminución en el número de parejas que se deciden a dar por extinta su relación puede deberse, según esta entidad, a los costes del proceso judicial.Las pensiones alimenticias se han convertido para muchos, especialmente hombres, en una pesada carga cada vez más difícil de llevar en esta crisis. Por eso, cada vez son más los que deciden pedir al juez que revise a la baja los pactos o sentencias judiciales, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales estipulados.
El abogado de familia Antonio Díaz Solís, el ovetense que preside la Asociación Española de Derecho Matrimonial, que aglutina a unos 78 abogados especialistas, pone de relieve cómo las circunstancias económicas están modificando los patrones de comportamiento de las parejas divorciadas. El papel más difícil le toca al cónyuge (en su mayoría, el padre) que cede la vivienda conyugal para los hijos y su ex pareja al cargo de los mismos. A ello se suma la pensión alimenticia correspondiente «y en la mayoría de los casos, el pago de la mitad de la hipoteca y la búsqueda de un nuevo domicilio para vivir».
En este sentido, otro de los fenómenos recientes que ha percibido la asociación de Derecho Matrimonial es que los progenitores divorciados que ceden la vivienda en común a los hijos tienen, a su vez, que volver a vivir con sus padres. Son, en este caso, los abuelos quienes dan cobijo al divorciado en crisis económica. «Es algo cada vez más frecuente, cuando el trabajo y los recursos económicos escasean, lo más operativo, cuando además se está pasando una pensión alimenticia a los hijos, es volver a casa de los padres», sostiene Díaz Solís.
De forma complementaria, cada vez más padres solicitan rebajar sus aportaciones económicas. Según los datos que maneja la Asociación de Derecho Matrimonial, las modificaciones en las medidas se están produciendo en muchos casos en profesionales autónomos, uno de los sectores más afectados por la crisis, que han visto reducidos de manera notable sus ingresos en los últimos tiempos y se enfrentan a enormes dificultades para cumplir sus compromisos.
La ley permite introducir cambios en los convenios de divorcio o separación si se producen rebajas sustanciales en los niveles de renta, y por ello, las parejas divorciadas están volviendo al juzgado a cambiar sus acuerdos de pensiones alimenticias de hijos o gastos extraordinarios. Incluso se da el caso de parejas que, habiendo alcanzado en un principio acuerdos mutuos de separación, ahora se ven inmersos en procesos contenciosos para solventar la cuestión económica.
Paralelamente, según las cifras de la asociación, también han aumentado de forma significativa las solicitudes de ejecuciones, incluso con embargos de por medio, por parte de parejas que no reciben las pensiones alimenticias para los niños. Díaz Solís apunta incluso casos como una reciente sentencia en Gijón por la que se concedió una custodia compartida de un menor en la que se decidió que los cónyuges se fueran rotando para compartir la casa seis meses cada uno. Una decisión salomónica en la que también juega un importante papel la coyuntura de estrechez económica para los padres.
Frente al incremento espectacular en el número de divorcios y la gran caída de las separaciones registrada en los últimos años, desde la implantación del denominado «divorcio exprés», las parejas que rompen han echado ligeramente el freno. La cifra de divorcios se mantiene en Asturias, salvo por la caída del año pasado, en una media de 3.800 rupturas al año.
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